Evidencia digital
que resiste el
escrutinio legal.

Es un profesional certificado que analiza evidencia digital y produce informes periciales admisibles en tribunales. Puede actuar como perito de parte (designado por un abogado) o perito oficial (designado por el juez). Su función es responder preguntas técnicas en un lenguaje que el sistema judicial pueda entender y valorar como prueba.

Cuando tenés evidencia digital (mensajes, emails, archivos, contratos, fotos) que necesita ser presentada en juicio y la contraparte puede cuestionar su autenticidad. También cuando sospechás que un documento fue falsificado, que un empleado filtró datos, o que hay actividad digital sospechosa que necesita ser documentada antes de que desaparezca.

El perito oficial es designado por el juez para brindar una opinión técnica imparcial. El perito de parte es contratado por un abogado para defender la posición de su cliente: puede revisar el informe del perito oficial, señalar errores o presentar un informe alternativo. Ambos roles tienen plena validez jurídica en el proceso.

Sí. Todos los informes siguen los protocolos de la legislación argentina (Ley 26.388 sobre delitos informáticos) y estándares internacionales de forense digital. Se documentan con cadena de custodia certificada, hashes criptográficos SHA-256 y firma del perito. Esto garantiza su admisibilidad y resistencia al contrainterrogatorio.

Es el registro documentado de quién tuvo acceso a la evidencia, cuándo y qué hizo con ella, desde el momento de su recolección hasta su presentación en juicio. Sin cadena de custodia, la contraparte puede alegar que la evidencia fue alterada o fabricada. Con cadena de custodia certificada y hashes de verificación, eso es imposible de sostener.

En muchos casos sí. Los datos eliminados no desaparecen inmediatamente del dispositivo: quedan en sectores marcados como 'disponibles' hasta que son sobreescritos. Con herramientas forenses especializadas podemos recuperarlos. La probabilidad de éxito depende de cuánto tiempo pasó desde la eliminación y si el dispositivo siguió siendo usado activamente.

Depende de la complejidad. Para casos urgentes (preservación de evidencia antes de que desaparezca) actuamos en menos de 24 horas. Un informe pericial completo generalmente toma entre 5 y 15 días hábiles. Durante la consulta inicial evaluamos el caso y te damos un estimado específico.

Los honorarios varían según la complejidad, el tipo de evidencia y el fuero. La primera consulta de 30 minutos es gratuita: ahí evaluamos el caso y te damos un presupuesto claro sin compromiso. No cobramos por adelantado hasta que acordemos el alcance del trabajo.

Sí, en todos los fueros. Casos frecuentes: juicios de familia (custodias, divorcios con evidencia digital), causas laborales (acoso, despidos con prueba electrónica), causas penales (fraude, amenazas, estafas digitales) y causas comerciales (contratos adulterados, competencia desleal, espionaje industrial).

Absolutamente. Todos los casos se manejan con máxima discreción. Podemos firmar un NDA (acuerdo de confidencialidad) si tu empresa o estudio jurídico lo requiere. La información de tu caso no se comparte con terceros bajo ninguna circunstancia.

Ambas modalidades según el caso. La consultoría y algunos análisis se realizan de forma remota. Para casos que requieren acceso físico al dispositivo o a la escena, trabajamos de forma presencial. En casos urgentes podemos coordinar el traslado del dispositivo de forma segura.

Soy transparente: si el análisis forense no encuentra evidencia favorable o la evidencia disponible no es suficiente, te lo digo en la consulta antes de avanzar. Prefiero que tomes una decisión informada desde el inicio. No cobro por análisis que no aportan valor a tu caso.